Advierten por qué el Estado no debe “obligarse” a usar software libre

Posted: June 5, 2012 in informacion en general
Tags: ,

El estudio jurídico Carranza Torres se explaya en un decálogo que abarca la industria informática local, la seguridad de la información, la desocupación y los costos de las soluciones, entre otras cuestiones.

¿El software libre conlleva más desventajas que ventajas para el Estado?

La presente nota sintetiza las principales razones por las cuales el Estado no debiera “obligarse” (por ley) a adquirir o contratar software libre. Es importante tener en claro las “desventajas de adoptar este tipo de normativas”, a los efectos de poder articular e implementar políticas públicas que fomenten y promuevan la modernización del Estado, la inclusión digital de la población y el crecimiento de la industria de las tecnologías de la información.

El establecimiento de una “preferencia legal o normativa a favor del software libre” a la hora de adquirir o contratar soluciones tecnológicas por parte del sector público, trae como consecuencias lo siguiente:

1- Afecta a la industria local
Los productores locales de software normalmente desarrollan y prestan servicios bajo diversas maneras de licenciamiento. En su mayoría, las pymes locales cuentan con soluciones de software que funcionan bajo plataformas libres o comerciales indistintamente y necesitan de dicha flexibilidad para hacer más eficiente su oferta de tecnologías.

Es muy importante tener en cuenta que los ingresos provenientes del licenciamiento de software muchas veces constituyen la única manera que tienen las pymes y emprendedores individuales para recuperar la inversión hecha en el desarrollo de sus productos, planificar un crecimiento a mediano y largo plazo, generar más puestos de trabajo y lanzarse a mercados externos.

Si legalmente se les impide comercializar sus productos con el Estado, no sólo disminuirán los incentivos para la innovación, sino que nos encontraremos en la paradójica situación de que nuestros desarrolladores van a poder vender sus productos a estados extranjeros, pero no al argentino. Nuestro país tiene una Industria de Software (y SI) y es de vital importancia fomentar su crecimiento.

2- Afecta derechos de propiedad intelectual
La existencia de leyes locales de propiedad intelectual, consistentes con los tratados internacionales en la materia, permiten que las empresas locales compitan en el mercado mundial en condiciones ventajosas, respecto de aquellos productores que provienen de países con menores protecciones de propiedad intelectual.

Obligar a los productores locales a renunciar a esos derechos implica regalar a los competidores extranjeros el trabajo, conocimiento y experiencia de años en un mercado mundial altamente competitivo.

3- Va en contra de políticas públicas en materia de desarrollo tecnológico y de inversiones estatales específicas
Existe y funciona en Argentina un muy exitoso Régimen de Promoción de la Industria del Software que tiene a un cuarto de millar de empresas inscriptas, casi todas ellas medianas y pequeñas.

Una abrumadora mayoría de estas desarrollan productos y servicios informáticos bajo licencias comerciales y tienen secretos comerciales que las hacen distintas y competitivas en un marco de globalización y competencia internacional. Si se obligara a todas ellas a liberar sus conocimientos al mundo y ceder completamente su propiedad intelectual, se estarían malgastando los esfuerzos del fisco argentino y regalándoselo a empresas extranjeras que podrían aprovecharse de ello sin dar trabajo a argentinos ni ingresar divisas al país.

4- Aumenta los costos de las soluciones
Muchos estudios demuestran que en cualquier sistema informático el costo de las licencias es un pequeño porcentaje del total; la mayor parte de la inversión se la llevan los servicios, la capacitación, el hardware, el mantenimiento y otras actividades. La incidencia del costo de licenciamiento en el costo total de propiedad normalmente es pequeño.

Las más de las veces, como consecuencia de la mayor presencia en el mercado, amplitud de servicios, costo de recursos y otras razones, el costo total de adquisición es menor con licenciamiento comercial que con software libre. Si el Estado se obliga a adquirir exclusivamente software libre se estaría privando de incorporar soluciones más eficientes y económicas sin que haya ninguna necesidad de hacerlo.

5- Genera desocupación
Si los proveedores de soluciones informáticas no pudieran proveerle al Estado lo que han estado desarrollando por años y sus técnicos e ingenieros no pudieran trabajar en lo que saben hacer, la consecuencia inmediata y directa sería la pérdida de valiosos puestos de trabajo. Actualmente, el sector del software y los servicios informáticos emplea a más de 60.000 trabajadores altamente calificados, y está previsto crecer uno o dos puntos para 2012.

El establecimiento de una preferencia legal a favor del software libre afectaría enormemente la demanda de puestos de trabajo por parte de la industria local, dificultando el empleo y generando, en muchos casos, desocupación de trabajadores, que se verían obligados a migrar a países que respeten los derechos de propiedad intelectual de los desarrolladores.

6- No garantiza la interoperabilidad
La mayor parte de los usuarios de tecnología del mundo utilizan tanto herramientas libres como comerciales, la interoperabilidad no se logra obligando a que todos tengan unas o las otras sino haciendo que ambas tecnologías funcionen coordinadamente. El costo para la comunidad que implicaría obligar a todos los ciudadanos a interactuar con el Estado exclusivamente en plataformas libres sería enorme.

7- No garantiza la seguridad y confidencialidad de la información
El llamado “Desastre Debian” (grave incidente de seguridad que tardará años en solucionarse) demuestra claramente que el empleo de software libre no garantiza la debida seguridad y confidencialidad de la información, o al menos no la garantiza en mejor medida que cualquier otro software. El tema de la seguridad, integridad y confidencialidad de la información no tiene, entonces, relación con el modelo de licenciamiento de software. No es una cuestión que pueda ser resuelta empleando prioritaria o exclusivamente software licenciado de determinada manera, sino que transita por carriles diferentes.

Muchos de los miembros de la comunidad de software libre, con implacable lógica, sostienen que los modelos de seguridad cerrados son más seguros que los abiertos. Si el Estado se obliga a adquirir exclusivamente software libre se estará privando de las soluciones tecnológicas más seguras.

8- No es necesario ni conveniente
Actualmente, nada impide al Estado Nacional, los estados provinciales o municipales (o cualquiera de sus reparticiones) incorporar o desarrollar sistemas licenciados de la manera que les plazca, solo tienen que cumplir con las leyes vigentes y tomar decisiones cumpliendo con los principios de transparencia, eficiencia y economía que la ley impone. Por lo tanto, si alguien supone que el software libre es mejor, una ley que lo diga no es necesaria.

Al hacer obligatoria la adquisición de software libre en el Estado la oferta de soluciones alternativas licenciadas de otra manera desaparece, achicándose la disponibilidad de ofertas en más de un 80 % de las posibilidades; eso hace aumentar los precios de los servicios y aumentar artificialmente la demanda del Estado para ellos, obligando al mismo a pagar sumas mayores a las que van a pagar los privados, que no tendrán dichas restricciones, por cosas similares. Esto hace que una ley de este tipo tampoco resulte conveniente.

9- Elimina el necesario Principio de Neutralidad Tecnológica
Argentina ya se ha expresado a favor del Principio de Neutralidad Tecnológica. Así lo ha hecho la Secretaría de Comunicaciones, a través de las Resoluciones 838/1997 y 161/2005.

Pero también se ha expresado en este sentido la Cámara de Diputados de la Nación en la Declaración, aprobada el 22/11/2007, en la que dispuso “que vería con agrado que el Estado Nacional, a través del organismo que corresponda, promueva el apoyo al sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y recomiende que en las adquisiciones de este tipo de tecnologías que se realicen en el ámbito del sector público, se evalúe y decida en cada caso concreto teniendo en cuenta criterios objetivos de costo y calidad de la solución a contratar (neutralidad tecnológica)”.

Además de esto, importante fue la sanción del Decreto 512/2009 sobre la Estrategia de Agenda Digital de la República Argentina, donde se define a esta como una “política de Estado” y, al hablar de las aplicaciones y contenidos en Sociedad del Conocimiento, señala como uno de sus principios rectores la “prioridad de estrategias que sostengan a la neutralidad tecnológica, sin imposición de ningún tipo de tecnologías específica, tanto en contenido como en aplicaciones”.

Consagrar una preferencia legal a favor del software libre y establecer limitaciones estrictas a la adquisición de software bajo otros modelos de licenciamiento, afecta la necesaria neutralidad tecnológica, dejando fuera del mercado de potenciales oferentes del Estado a empresas locales cuyos productos son exitosos y competitivos en el resto del mundo.

10- Dificulta o impide la integración regional
La mayoría de los países de la región han optado por mantener la neutralidad tecnológica como política de adquisiciones y compras por parte del sector público. Incluso, varios de ellos se han manifestado expresamente en este sentido, consagrando ese principio o declarando que la consagración de una preferencia legal a favor del software libre es contraria a los principios constitucionales, democráticos y republicanos en los que se basa toda la estructura jurídica e institucional de la sociedad. Casos concretos son los de Brasil, Chile, Perú y Uruguay.

Los países latinoamericanos también se han pronunciado en este sentido en declaraciones y documentos de alcance regional. Por sólo citar algunos ejemplos, se pueden mencionar l Declaración de Río de Janeiro de 2003 del “III Foro Ministerial América Latina y el Caribe – Unión Europea sobre la Sociedad de la Información”, el Plan de acción e-LAC 2007 y la Declaración de Río de Janeiro de 2005, preparatoria de la segunda fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información.

En suma, consagrar una preferencia legal a favor del software libre dificulta o impide la cooperación e integración regional en materia de desarrollo de tecnologías de la información.

Post originalCarranzatorres.com.ar
Fuente de la imagensoft-ulibre.galeon.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s